Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión Pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, asi como la conformacion y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, evaluacion y rendición de cuentas.